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lunes, 08 de enero de 2007

Un guiense en Las Cortes de Cádiz-1812

ImagePor primera vez en España, las Cortes de Cádiz de 1812 debatieron acerca de la posible abolición de la esclavitud.

El guiense Pedro Gordillo y Ramos presidía las Cortes Constituyentes.

Ante la invasión napoleónica, en cada provincia se creó una Junta, que desoyó toda conminación de otras autoridades españolas, a disolverse o a ponerse bajo sus ordenes. Soberanamente decidieron la elección y el envío de diputados a las Cortes de Cádiz.

Estas asumieron el gobierno de España, la lucha contra Napoleón y la elaboración de la Constitución de 1812. Estuvieron presididas por el guiense José Gordillo Ramos, conocido como el canónigo Gordillo. Fueron disueltas por Fernando VII.

La creación de Juntas ciudadanas y provinciales, y su disolución por el poder central, fue un ejemplo que se repitió durante el siglo XIX en cuatro ocasiones, lo que explica que finalmente, quienes de forma más radical creían que la soberanía estaba en el pueblo, representado por estas Juntas, culminasen sus ideas durante la Primera República intentando poner en pie una constitución que consideraba que la nación española y su gobierno nacían del derecho de autodeterminación de los llamados estados (o según otros, cantones) en que estaba dividida la República Federal Española.

La Constitución de 1812 dice:

Artículo. 5.- Son españoles.

rimero.- Todos los hombres libres nacidos y avecinados en los dominios de las Españas; y los hijos de éstos

........

uarto.- Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.

Pero en lo que atañe a estos últimos en el Capítulo IV, al definir quienes además de ser españoles son "ciudadanos españoles" (es decir, españoles con plenitud de derechos), se exigen varios requisitos, si se es de origen africano, entre ellos no ser liberto, es decir, ser hijo de padres libres ("ingenuos").

Artículo 22: A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del Africa, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Merece la pena señalar también que según el Artículo. 25.3 el ejercicio de los derechos de ciudadano español se suspenden "Por el estado de sirviente doméstico", sin que intervenga el origen racial en este hecho.

A pesar de estos "resultados", en estas Cortes hubieron diputados abolicionistas como Isidoro de Antillón, José Miguel Guridi Alcocer y Agustín Argüelles.

El 2 de abril de 1811 hubo un gran debate en las Cortes sobre la esclavitud. Pocos días antes, el 26 de marzo de 1811, el diputado de Tlaxcala (Méjico) Jose Miguel Guridi Alcocer presentó una propuesta que incluía la abolición inmediata de la trata y un plan gradual de abolición de la esclavitud que preveía que los hijos de los esclavos fuesen libres y que suavizaba la condición del esclavo mediante el cobro de un salario con el que podían comprar su libertad. El proyecto fue envíado a la Comisión de la Constitución, sin ser tratado por el pleno.

En cambio si fue admitida a discusión, produciéndose un gran debate, las propuestas de abolición de la tortura y del tráfico de esclavos que presentó el 2 de abril el diputado Agustín Argüelles. A José Miguel Guridi Alcocer se le quiso aclarar porque no había sido tratada su proposición en el pleno, con las siguientes palabras del diputado Sr. Mejía: "Las proposiciones del Sr. Alcocer han pasado à esta comisión, porque encierran un caso distinto, cual es el abolir la esclavitud, negocio que requiere mucha meditación, pulso y tino".

La propuesta de Argüelles en cambio tuvo una mejor acogida, pues por un lado, en aquellos momentos el gran aliado de España, la Gran Bretaña, estaba proponiendo a todos los países que suscribiesen un acuerdo de prohibición de la trata de esclavos y por otro lado, se trataba de una prohibición que al no liberar a los actuales esclavos, no iba en contra del respeto a la propiedad privada. Esta importante matización volvió a quedar en evidencia durante el debate, cuando en respuesta al diputado García Herreros que pedía "que se declare que no sean esclavos los hijos de esclavos, porque de lo contrario se perpetúa la esclavitud aunque se prohiba este comercio". Le replicó de inmediato, el diputado Sr. Gallego diciendo: "Esto trae otros inconvenientes, porque al cabo es una propiedad agena, que está autorizada por las leyes".

Contra estas voces abolicionistas, el Ayuntamiento de la Habana hizo llegar el 10 de julio de 1811 un memorándum en el que se oponía a la abolición diciendo que los esclavos estaban en Cuba "no por nuestra culpa", sino por la del padre Bartolomé de las Casas que dos siglos antes, para proteger a los indios, había propuesto importar esclavos negros. Ahora, según el escrito, debía de aceptarse que la economía de Cuba se basaba en el trabajo esclavo.

El diputado de las Cortes Isidoro de Antillón ya había demostrado su abolicionismo unos años antes, cuando el 2 de abril de 1802, pronunció una conferencia en la Academia Matritense de Derecho Español y Público, en favor de la prohibición de la trata de esclavos y de la abolición gradual de la esclavitud. En 1811 le dió forma de publicación, con el título "Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adoptarse para hacer prosperar sin ellos nuestras colonias". Además le añadió al final unas "Notas de 1811" en las que se reproduce y se da apoyo a la propuesta de abolición del comercio de esclavos presentada a las Cortes por el diputado Agustín de Argüelles, así como a la propuesta presentada en el mismo debate por el diputado García Herreros pidiendo la libertad para los hijos que tuviesen las esclavas.

Como señala Antillón, las ideas de prohibición de la trata y de abolición gradual de la esclavitud, cuando las expuso en 1802, eran una arriesgada novedad, pues como dice en el preámbulo de la transcripción de la citada conferencia: "en una corte donde reinaba el más absoluto y más incensado despotismo, en donde se premiaba el espionage y la delación como las acciones heroicas se premian en una república, en donde todas las corporaciones de más autoridad, todos los agentes del gobierno tenían declarada la guerra à la razón y proscrito al filósofo que osase invocarla, hubo ¿quien lo creyera? un congreso de jóvenes honrados, que arrostrando las cárceles, los destierros y toda la indignación del favorito y de los ministros discutían libremente cuestiones muy delicadas de moral y de política, raciocinaban sobre la libertad del ciudadano y sobre la constitución de las sociedades...". Prosigue Antillón: "No creía yo, ni esperaba cuando en el año 1802 leí en la Academia de Santa Bárbara mi discurso sobre la esclavitud de los negros, que en España nueve años después llegaría á reconocerse y proclamarse la soberanía del pueblo, origen fecundo de todos los derechos del hombre en sociedad...¿Que contraste entre los sublimes y patrióticos discursos pronunciados en las córtes..... y las hediondas arengas de prostitución y servilidad que formaban toda la elocuencia de los cortesanos de Cárlos IV!

El mes de agosto de 1813 fue muy dramático para Isidoro de Antillón. La expulsión de España de los ejércitos de Napoleón ya había empezado a dar esperanzas a los nostálgicos del absolutismo.

El 9 de Agosto, Antillón intervino eficazmente oponiéndose con un largo discurso a las propuestas en favor de un rápido traslado de las Cortes a Madrid o Sevilla, y el abandono de Cádiz en donde los partidarios de la Constitución eran fuertes. El día 13 aprovechó el debate de la petición de los procuradores y ciudadanos de Trujillo (Perú) en favor de "abolir por ley fundamental la que ordena la infamante pena de azotes y cárcel al indio que no asiste en su parroquia á la doctrina" para formalizar una proposición de sentido más amplio, en la que se pedía: "Que en el plan de instrucción pública que aprueben las Córtes, se tenga presente la necesidad de abolir el castigo de azotes en las enseñanzas públicas como indigno de los ciudadanos españoles, y por la misma razón la pena de azotes quede abolida en el Código criminal de la Monarquía". Una vez aprobada esta proposición por las Cortes, prosiguió el debate y Antillón se opuso a quienes proponían una anticipada disolución de las Cortes, dejando en su lugar a la Diputación General con el encargo de preparar una nueva elección de diputados.

A los pocos días Antillón fue agredido por tres asesinos en la calle, al salir de las Cortes, y dejado por muerto. A consecuencia de las heridas murió al año siguiente en su población natal (Santa Eulalia), cuando era conducido a Zaragoza para ser ejecutado, víctima de la represión que en 1814 desencadenó Fernando VII contra quienes se habían distinguido como liberales en las Juntas ciudadanas de defensa contra los invasores franceses y en las Cortes de Cádiz, cuya Constitución fue abolida el 4 de mayo de 1814.

Personalidades abolicionistas como Argüelles o el escritor José María Blanco White solo se salvaron exiliándose.

En 1820 el general Riego sublevó a las fuerzas que debían zarpar para reprimir a los independentistas americanos y dio un golpe de estado, que con el apoyo de las Juntas que se crearon en muchos puntos del país, restableció la Constitución de 1812.

Una de las iniciativas que aquellas restablecidas Cortes querían impulsar, era penalizar el incumplimiento del tratado de 1817 de prohibición de la trata de esclavos que Fernando VII firmó con Inglaterra, sin gran voluntad de cumplirlo, a cambio de 400.000 libras. Los tres diputados cubanos tenían instrucciones de oponerse a ello, pero uno de ellos, el diputado de Cuba Félix Varela, no respetó esta directriz y presentó un plan de prohibición inmediata de la trata y, con el persuasivo argumento de que con la esclavitud siempre existiría el peligro de que los esclavos se rebelasen, propuso un plan gradual de abolición de la esclavitud en un máximo de quince años. Felix Varela era un sacerdote y el historiador Hugh Tomas explica en su obra "La Trata de esclavos" que los esclavistas cubanos le quisieron oponer otro diputado y sacerdote cubano, fray Juan Bernardo O'Gaban, el cual escribió un opúsculo contra Varela titulado "Observaciones sobre la suerte de los negros", en el que se insistía que la trata suponía un medio de civilizar a los africanos, y que si entendían realmente el humanitarismo, los sabios legisladores obligarían a los africanos a trabajar y apoyarían su traslado hacia América, en lugar de oponerse a ello.

El debate de las propuestas de Varela no prosperó pues en 1823 España fue invadida por los Cien mil hijos de San Luis, enviados por la Santa Alianza para restablecer el absolutismo y dar inicio a la llamada "década ominosa" de sangrienta represión contra los liberales. Incluso en 1823 fuerzas realistas desenterraron y quemaron el cadáver de Isidoro de Antillón, aventando sus cenizas.

La represión no se atenuó hasta que el rey tuvo que combatir a un sector absolutista "ultra" alzado en armas: los llamados "descontentos", conglomerado que unía por un lado a quienes temían por sus privilegios o por una desamortización de sus tierras y bienes, como en el caso de la Iglesia, y que veían en cualquier medida modernizadora -como la de que España tuviese un Presupuesto- una amenaza al atentar o limitar en cierta forma el poder o capricho real. Por otro lado, se les sumaban campesinos empobrecidos en regiones como el interior de Cataluña, a quienes la propaganda de los primeros había convencido que el culpable de sus males era el gobierno absolutista moderado al que acusaban de liberal y de alejado de la Iglesia.

Esta amalgama "ultra" al morir Fernando VII, fue el origen del "Carlismo", partido defensor de las pretensiones de Don Carlos, hermano de Fernando VII. A lo largo del siglo XIX estuvo en la raíz de tres guerras civiles en España. El carácter secundario del problema dinástico lo corrobora el que este tipo de defensa del absolutismo "ultra" no fue exclusivo de España. También en Portugal tuvieron una guerra civil contra los Miguelistas, partidarios del pretendiente Miguel de Braganza que aglutinaba fuerzas parecidas.

FUENTE: http://www.cedt.org/perabol1.htm



Modificado el ( martes, 06 de noviembre de 2007 )
 
 
 



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