A raíz de la conquista castellana de las Islas Canarias, y especialmente en Gran Canaria, comenzó una intensa deforestación de los montes y arboledas espontáneas que tuvo, entre sus principales consecuencias paisajísticas, la desaparición del arbolado del escenario insular. Árbol que no frutea, a la chimenea. Esta mentalidad netamente productivista y que aún pervive en un segmento importante de la cultura insular grancanaria, consiguió eliminar del paisaje todas aquellas especies arbóreas que carecían de valor alimenticio o maderero, convirtiendo a la isla en un páramo desolador desnutrido de sombras y bosques.

Sin embargo, durante el siglo XIX comienzan a alzarse voces que demandan el fomento del arbolado por los numerosos beneficios que aportan no sólo desde un punta de vista estético, sino ambiental y hasta económico. Es entonces, cuando comienzan a realizarse las primeras plantaciones de árboles no frutales ni forestales en la isla. No es aventurado afirmar que con la construcción de nuevas carreteras en la isla, volvieron los árboles al paisaje insular.

La primera normativa que con carácter general se promulgaría en España en materia de arbolado y caminos, fue en 1802, estando al frente de la Inspección General de Caminos y Canales, el canario Agustín de Betancourt. Se trata de las Ordenanzas que el Rey nuestro Señor manda se observen para la construcción de los nuevos Caminos y plantíos de árboles laterales a ellos.