El gran disparate
Juan José Jiménez
Juan José Jiménez El presidente Paulino Rivero aparecía en este periódico [LA PROVINCIA] ordeñando una vaca en La Aldea el pasado 24 de febrero. Lucía fresco Paulino, allí dándole a las tetas: había ido en helicóptero. Hizo bien. El helicóptero es de lejos el mejor medio para recorrer el Norte, después de que el Gobierno de Canarias -que él representa- haya perdido más de una década en su empeño por pasar una carretera sobre un gigantesco acuífero y decenas de fanegadas de plataneras.
Es otoño de 1997. Los tractores, gracias a un convenio firmado con Madrid, ya tenían los depósitos llenos para comenzar la flamante vía GC-2, obra que por Bañaderos era de medio pelo: sólo tenían que desdoblar los carriles sobre unos terrenos de rica platanera expropiados a finales de los 70. En el último minuto, Froilán Rodríguez, entonces alcalde de Arucas y sin embargo amigo, manda parar. Argumenta que la carretera hará de pantalla entre Bañaderos city y la costa. Propone pues que el trazado se haga por detrás de las casas, sobre una enorme finca de plataneras. La Cotmac, organismo del Ejecutivo canario que ha de velar por los valores ambientales del Archipiélago, le dice que no. Que es mucho el desastre. Al día siguiente, preguntado Froilán por este frenazo en seco contesta: ya verás que en 15 días se arregla.
Mano de santo. Ese mismo organismo que dos semanas antes argumentaba afecciones a yacimientos arqueológicos, destrucción del paisaje y nefastos efectos ambientales sorpresivamente daba por buena la que se bautizó como Variante de Bañaderos, y lo que es más esotérico, sin variar un metro su trazado. Cosas muy propias de este nacionalismo agrario, que por un lado ordeña la vaca y por el otro la descuartiza.
Poco después se exhibía un bonito plano de Bañaderos con la carretera dibujada tras el pueblo -ya no quedaban plataneras-, y una lustrosa urbanización de alto nivel ocupando el trazado original. Un trabajo de hormigas porque ya se sabía hasta el nombre de la constructora, y para reforzar la idea se sugirieron parques temáticos. Hasta hubo quien dijo que sería el futuro Puerto de la Cruz en su versión grancanaria.
Sólo acertaron en lo de la cruz. Los agricultores, patroneados por Antonio Hernández, propietario de la finca mayor, emprendieron una lucha judicial hoy histórica por dos motivos. Por ser la primera vez en Canarias que unos particulares frenan una infraestructura de ese calibre basándose en los valores medioambientales; y por representar el mayor batacazo judicial contra todo un Gobierno de Canarias por una obra pública. Esto último no se podría entender sin el estrabismo del hoy presidente del Parlamento, -premiado con 85.500 euros anuales desde este lunes-, y ex titular de Obras Públicas, Antonio Castro Cordobez.
Castro y los alcaldes, como la polilla contra la ventana, han protagonizado en su erre que erre tales disparates que su crónica es carne de El Jueves, la revista que sale los miércoles, si fuera posible separar el drama del futuro perdido y el colapso personal de sus casi 100.000 vecinos.
Ejemplos a decenas. Como que los acuíferos de su vega no son importantes porque no hay turismo en el Norte que beba toda esa agua; que las plataneras se rodarían a otros terrenos; o que las sucesivas sentencias en contra del TSJC -e incluso del Supremo-, eran la mejor noticia porque ahora que ya sabían por dónde no pasar, quedaba meridianamente claro por dónde sí hacerlo… Y peor aún, pensando quizá que los magistrados funcionan con cuerda porque son de hojalata, se llegó a cambiar la denominación del proyecto para ver si colaba. Es más. Se hicieron cuatro alternativas, la A, la B, la C, y la D, en la que cada una de ellas, y a medida que las iba tirando el tribunal, era textualmente, según Obras Públicas, menos lesiva medioambientalmente que la anterior, lo que suma al menos tres grandes trolas reconocidas: la B, la C, y la D. Por todo esto va siendo momento de poner a los alcaldes, al Cabildo y al Gobierno de Canarias en salmorejo por ineptos, como responsables de mandar a la comarca a un viaje de diez años al pasado y por no explicar con un plano y dos nísperos qué intereses no confesados permanecen soterrados sobre esta invariable variante que tupe el derecho a su desarrollo.
Es otoño de 1997. Los tractores, gracias a un convenio firmado con Madrid, ya tenían los depósitos llenos para comenzar la flamante vía GC-2, obra que por Bañaderos era de medio pelo: sólo tenían que desdoblar los carriles sobre unos terrenos de rica platanera expropiados a finales de los 70. En el último minuto, Froilán Rodríguez, entonces alcalde de Arucas y sin embargo amigo, manda parar. Argumenta que la carretera hará de pantalla entre Bañaderos city y la costa. Propone pues que el trazado se haga por detrás de las casas, sobre una enorme finca de plataneras. La Cotmac, organismo del Ejecutivo canario que ha de velar por los valores ambientales del Archipiélago, le dice que no. Que es mucho el desastre. Al día siguiente, preguntado Froilán por este frenazo en seco contesta: ya verás que en 15 días se arregla.
Mano de santo. Ese mismo organismo que dos semanas antes argumentaba afecciones a yacimientos arqueológicos, destrucción del paisaje y nefastos efectos ambientales sorpresivamente daba por buena la que se bautizó como Variante de Bañaderos, y lo que es más esotérico, sin variar un metro su trazado. Cosas muy propias de este nacionalismo agrario, que por un lado ordeña la vaca y por el otro la descuartiza.
Poco después se exhibía un bonito plano de Bañaderos con la carretera dibujada tras el pueblo -ya no quedaban plataneras-, y una lustrosa urbanización de alto nivel ocupando el trazado original. Un trabajo de hormigas porque ya se sabía hasta el nombre de la constructora, y para reforzar la idea se sugirieron parques temáticos. Hasta hubo quien dijo que sería el futuro Puerto de la Cruz en su versión grancanaria.
Sólo acertaron en lo de la cruz. Los agricultores, patroneados por Antonio Hernández, propietario de la finca mayor, emprendieron una lucha judicial hoy histórica por dos motivos. Por ser la primera vez en Canarias que unos particulares frenan una infraestructura de ese calibre basándose en los valores medioambientales; y por representar el mayor batacazo judicial contra todo un Gobierno de Canarias por una obra pública. Esto último no se podría entender sin el estrabismo del hoy presidente del Parlamento, -premiado con 85.500 euros anuales desde este lunes-, y ex titular de Obras Públicas, Antonio Castro Cordobez.
Castro y los alcaldes, como la polilla contra la ventana, han protagonizado en su erre que erre tales disparates que su crónica es carne de El Jueves, la revista que sale los miércoles, si fuera posible separar el drama del futuro perdido y el colapso personal de sus casi 100.000 vecinos.
Ejemplos a decenas. Como que los acuíferos de su vega no son importantes porque no hay turismo en el Norte que beba toda esa agua; que las plataneras se rodarían a otros terrenos; o que las sucesivas sentencias en contra del TSJC -e incluso del Supremo-, eran la mejor noticia porque ahora que ya sabían por dónde no pasar, quedaba meridianamente claro por dónde sí hacerlo… Y peor aún, pensando quizá que los magistrados funcionan con cuerda porque son de hojalata, se llegó a cambiar la denominación del proyecto para ver si colaba. Es más. Se hicieron cuatro alternativas, la A, la B, la C, y la D, en la que cada una de ellas, y a medida que las iba tirando el tribunal, era textualmente, según Obras Públicas, menos lesiva medioambientalmente que la anterior, lo que suma al menos tres grandes trolas reconocidas: la B, la C, y la D. Por todo esto va siendo momento de poner a los alcaldes, al Cabildo y al Gobierno de Canarias en salmorejo por ineptos, como responsables de mandar a la comarca a un viaje de diez años al pasado y por no explicar con un plano y dos nísperos qué intereses no confesados permanecen soterrados sobre esta invariable variante que tupe el derecho a su desarrollo.
FUENTE: LA PROVINCIA
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