Por Antonio Aguiar DíazTodo apunta a que está próxima una nueva descentralización administrativa en España: el traspaso de determinadas funciones que vienen ejerciendo las diputaciones provinciales, los concejos insulares y los cabildos insulares, en favor de los municipios, con el fin de avanzar en el acercamiento de la Administración Pública al ciudadano. Por lo que respecta a Canarias, sería deseable que la nueva descentralización logre por fin articular de forma satisfactoria la distribución de competencias entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las propias de los cabildos y ayuntamientos canarios, objetivo que no consiguieron las dos leyes canarias aprobadas hasta la fecha en esta materia (1986 y 1990).
Para ello habría que afrontar el reto con valentía y realismo, sin descartar nada a priori. En este sentido, convendría plantear si algunas funciones, por su naturaleza o por el ámbito territorial al que se dirigen, debieran ser traspasadas, al contrario de lo inicialmente pensado, desde los ayuntamientos a alguna instancia superior. Aquí surge la idea de potenciar la comarca.
El caso de la pretendida instalación de un Centro Penitenciario en Guía (Gran Canaria), a principios del milenio, puso de manifiesto que hay asuntos que, si bien legalmente pueden ser resueltos en exclusiva por parte de un solo municipio, inciden grave e irremisiblemente en los pueblos limítrofes. Resulta evidente, por tanto, que este tipo de decisiones deba ser asumida por un ente que agrupe a todos los municipios afectados.
Por otro lado, es patente que en muchos aspectos, los intereses de los municipios del noroeste grancanario respecto a los del centro-norte no sólo son diferentes, sino a veces contradictorios, como. Así se ha comprobado, por ejemplo, con el nunca iniciado proyecto de desdoblamiento de la nueva carretera del norte, asunto en el que otros municipios han puesto todas las objeciones posibles, retrasando su ejecución indefinidamente, con los perjuicios que todos conocemos para los habitantes del noroeste.
Lo expuesto aconseja replantear los linderos de la Mancomunidad del Norte de forma que, manteniendo el mismo nivel de prestación de los servicios públicos, la toma de decisiones responda al mismo concepto de “comarca natural”.
Siguiendo el modelo catalán, la organización comarcal que en su día existió y ahora proponemos se refunde, cumple los siguientes criterios: a) sus ámbitos territoriales coinciden con los espacios geográficos en que se estructuran las relaciones básicas de la actividad económica, ya que los municipios poseen características sociales e históricas comunes. Y b), su ámbitos territorial es el más adecuado para hacer efectivos los principios de eficacia, descentralización y participación en la prestación de servicios públicos.
Por razones históricas, culturales, geográficas y económicas, nos parece necesario retomar la Mancomunidad del Noroeste, que agruparía a los municipios de Gáldar, Guía y Agaete (quizá también Moya), segregándola de la actual Mancomunidad del Norte, sin perjuicio de las oportunas convergencias con dicha mancomunidad en aquellos asuntos que nos afecten a todos.
Ello redundaría en una mejor gestión de los recursos públicos, en el marco de una planificación comarcal que tuviera como premisa la complementariedad entre los municipios integrantes, en los aspectos residencial, comercial, industrial y turístico. Lógicamente, la nueva mancomunidad debería abrirse a la sociedad, para que su acción sea transparente y eficaz.
Septiembre de 2006.Para ello habría que afrontar el reto con valentía y realismo, sin descartar nada a priori. En este sentido, convendría plantear si algunas funciones, por su naturaleza o por el ámbito territorial al que se dirigen, debieran ser traspasadas, al contrario de lo inicialmente pensado, desde los ayuntamientos a alguna instancia superior. Aquí surge la idea de potenciar la comarca.
El caso de la pretendida instalación de un Centro Penitenciario en Guía (Gran Canaria), a principios del milenio, puso de manifiesto que hay asuntos que, si bien legalmente pueden ser resueltos en exclusiva por parte de un solo municipio, inciden grave e irremisiblemente en los pueblos limítrofes. Resulta evidente, por tanto, que este tipo de decisiones deba ser asumida por un ente que agrupe a todos los municipios afectados.
Por otro lado, es patente que en muchos aspectos, los intereses de los municipios del noroeste grancanario respecto a los del centro-norte no sólo son diferentes, sino a veces contradictorios, como. Así se ha comprobado, por ejemplo, con el nunca iniciado proyecto de desdoblamiento de la nueva carretera del norte, asunto en el que otros municipios han puesto todas las objeciones posibles, retrasando su ejecución indefinidamente, con los perjuicios que todos conocemos para los habitantes del noroeste.
Lo expuesto aconseja replantear los linderos de la Mancomunidad del Norte de forma que, manteniendo el mismo nivel de prestación de los servicios públicos, la toma de decisiones responda al mismo concepto de “comarca natural”.
Siguiendo el modelo catalán, la organización comarcal que en su día existió y ahora proponemos se refunde, cumple los siguientes criterios: a) sus ámbitos territoriales coinciden con los espacios geográficos en que se estructuran las relaciones básicas de la actividad económica, ya que los municipios poseen características sociales e históricas comunes. Y b), su ámbitos territorial es el más adecuado para hacer efectivos los principios de eficacia, descentralización y participación en la prestación de servicios públicos.
Por razones históricas, culturales, geográficas y económicas, nos parece necesario retomar la Mancomunidad del Noroeste, que agruparía a los municipios de Gáldar, Guía y Agaete (quizá también Moya), segregándola de la actual Mancomunidad del Norte, sin perjuicio de las oportunas convergencias con dicha mancomunidad en aquellos asuntos que nos afecten a todos.
Ello redundaría en una mejor gestión de los recursos públicos, en el marco de una planificación comarcal que tuviera como premisa la complementariedad entre los municipios integrantes, en los aspectos residencial, comercial, industrial y turístico. Lógicamente, la nueva mancomunidad debería abrirse a la sociedad, para que su acción sea transparente y eficaz.