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lunes, 07 de mayo de 2012
Movilizaciones por la eliminación de los Juzgados

Abogados, procuradores y funcionarios alertan del incalculable impacto social y económico que tendrá el traslado a la capital

La reorganización del mapa judicial hace saltar las alarmas en el Norte. El plan aprobado esta semana por el Consejo General del Poder Judicial conducirá al cierre de los siete juzgados de Guía y Arucas, cuya actividad se concentrará en Las Palmas de Gran Canaria. Abogados, procuradores y personal de la Administración de Justicia han comenzado a unir sus fuerzas para movilizar a la población y frenar una iniciativa que, según afirman, alejará de la Justicia a los 123.000 habitantes de once municipios de la comarca, encarecerá los servicios y supondrá un enorme castigo económico para muchos negocios. Los operadores esperan el respaldo de los alcaldes para echarse a la calle.

El reloj comienza la cuenta atrás. El Consejo General espera cerrar en tres meses la nueva distribución de los órganos judiciales españoles, que supondrá en la práctica la concentración de los partidos judiciales en aquellos núcleos que no llegan a 100.000 habitantes. Esta medida tomada bajo el alegato del "contexto de crisis" afecta de lleno a los juzgados de Arucas y Guía, que incumplen este requisito, y a San Bartolomé de Tirajana, que se integra en Telde.

La propuesta deberá ahora ser ratificada por el Gobierno, el Congreso y Senado. Por eso, los operadores creen que existe todavía una esperanza para paralizar el cierre de los juzgados del Norte de Gran Canaria, involucrando a los ayuntamientos de la Mancomunidad del Norte y, sobre todo, a los 123.000 habitantes.

A la calle

Vecinos, profesionales y empresarios y hasta la cuenta de ingresos de los ayuntamientos se verán muy castigados. El colectivo recalca que los juzgados de la capital sufrirán una mayor carga de trabajo y los procesos se alargarán, obligará a los vecinos a desplazarse a Vegueta para cualquier procedimiento y encarecerá los costes judiciales para los clientes.

Pero no serán los únicos afectados. Los negocios próximos sufrirán la pérdida de su tradicional clientela, y muchos de esos abogados y procuradores abandonarán la comarca para trabajar cerca del núcleo central de su trabajo.

Los operadores han creado un frente común para sensibilizar a la población y a los alcaldes del Norte sobre el fuerte coste social y económico que tendrá el cierre, que incluye la recogida de firmas y protestas sociales.

FUENTE: LA PROVINCIA
JAVIER BOLAÑOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Modificado el ( martes, 22 de mayo de 2012 )