GUIA DE GRAN CANARIA

Todo apunta a que pronto se va acometer una nueva descentralización administrativa en España: el traspaso de determinadas funciones que vienen ejerciendo las diputaciones provinciales, los concejos insulares y los cabildos insulares, en favor de los municipios, con el fin de avanzar en el acercamiento de la Administración al ciudadano.

Por lo que respecta a Canarias, sería deseable que la nueva descentralización logre por fin articular de forma satisfactoria la distribución de competencias entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las propias de los cabildos y municipios canarios, objetivo que no consiguieron las dos leyes canarias aprobadas hasta la fecha en esta materia (1986 y 1990) Para ello habría que afrontar el reto con valentía y realismo, sin descartar nada a priori. En este sentido, convendría plantear si algunas funciones, por su naturaleza o por el ámbito territorial al que se dirigen, debieran ser traspasadas, al contrario de lo inicialmente pensado, desde los ayuntamientos a alguna instancia superior. Aquí surge la idea de potenciar la comarca.

El caso de la pretendida instalación de un Centro Penitenciario en Guía (Gran Canaria), a principios del milenio, ha puesto de manifiesto que hay asuntos que, lamentablemente, pueden ser resueltos en exclusiva por parte de un solo municipio, pese a que inciden grave e irremisiblemente en los pueblos limítrofes.

Resulta evidente, por tanto, que este tipo de decisiones debe ser asumida por un ente que agrupe a todos los municipios afectados. Seguramente movidos por esta evidencia, aunque sea con carácter testimonial, al carecer de competencias ejecutivas en esta materia, los ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, conscientes de que una instalación de estas características afectaba al desarrollo de toda la comarca, hicieron público, una vez Guía abandonó el proyecto, en el pleno de dicha mancomunidad, su unánime oposición a que se instale un centro penitenciario en los límites de su comarca.

Siguiendo el modelo catalán, la organización comarcal debería regirse por los siguientes criterios: a) sus ámbitos territoriales deberán coincidir con los espacios geográficos en que se estructuran las relaciones básicas de la actividad económica debiendo agrupar municipios con características sociales e históricas comunes. Y b), sus ámbitos territoriales deberán ser los más adecuados para hacer efectivos los principios de eficacia, descentralización y participación en la prestación de servicios públicos.

A la vista de cómo están agrupados los municipios en Canarias, procedería revisar los linderos de las mancomunidades de municipios preexistentes de forma que, manteniendo el mismo nivel de prestación de los servicios públicos, la toma de decisiones responda al mismo concepto de “comarca natural”.

En concordancia con lo anterior, debería revisarse el traspaso de competencias de la Comunidad Autónoma a los cabildos insulares realizado en los últimos años. Tal como están las cosas, es previsible que en pocos años no exista instancia que represente con capacidad de decisión al conjunto de los canarios, con los riesgos de insolidaridad y de desarrollo desigual que ya conocemos.

En el otro lado, hace tiempo que se habla de “Gobierno Insular”, refiriéndose a los cabildos, sin que al mismo tiempo se haya afrontado con realismo la problemática que generan unas corporaciones originariamente “locales” en las que se entremezclan usos del pasado con formas organizativas obsoletas y nuevas competencias. Podría decirse que las corporaciones insulares padecen una especie de esquizofrenia: según el Estatuto de Autonomía, los Cabildos son, al mismo tiempo, corporaciones locales e instituciones de la Comunidad Autónoma (art. 8.3) Esta ambigüedad tropieza frontalmente con una gestión racional de los recursos públicos y trae de cabeza a los políticos y técnicos de ambas administraciones, que pierden tiempo y energías en disputas absurdas que a la postre inciden negativamente en nuestro desarrollo.

Obviamente, no hemos pretendido abordar todas las cuestiones que suscita la reorganización administrativa de Canarias, pero si nos parece éste un momento oportuno para esbozar algunas ideas que probablemente están en la mente de muchos.